Tácticas de exhibición en el espacio público
*En las últimas alcaldías de Bogotá la recuperación y adecuación del espacio público ha ocupado un lugar prioritario al que se la ha asignado cada vez más presupuesto, así como expectativas por parte de los ciudadanos.
La construcción de andenes, alamedas y parques ha venido complementada con estrategias pedagógicas y normativas como el programa de cultura ciudadana y el recientemente aprobado código de policía, que busca reglamentar sus modos de uso y proponerse no tanto como una legislación de carácter estrictamente normativo, sino también como un amplio sistema de reglas diseñadas para facilitar la convivencia de los ciudadanos en el espacio público [1].
Este énfasis en el espacio público por parte de las instituciones distritales se inicia a partir de 1988, año en que los alcaldes comienzan a ser elegidos por votación ciudadana, y toma forma gracias a los procesos de descentralización que se implementaron con la reforma constitucional del 91: las funciones de regulación, recuperación y adecuación del espacio público dejaron de depender del gobierno central y pasaron a ser responsabilidad de los alcaldes y las instituciones que se crearon para el efecto.
A diferencia de las administraciones anteriores –cuyos alcaldes eran designados por el Presidente de la República- que lograban buena parte de su reconocimiento por la construcción de puentes y avenidas, en la última década el proceso de recuperación del espacio público no sólo ha pasado a un primer plano, sino que se ha convertido en símbolo de la capacidad del alcalde para gobernar y establecer el orden en la ciudad.
Así como la implementación del sistema de Transmilenio ha venido acompañada de críticas por quienes no creen que el sistema sea la solución al problema del transporte en la ciudad, y paros por parte del tradicional y cuestionado sistema de transporte de Bogotá, la recuperación del espacio público ha tenido como uno de sus principales problemas el de la reubicación y reorganización de la gran cantidad de vendedores ambulantes que se ganan la vida en las calles y andenes de la ciudad.
La construcción de andenes, alamedas y parques ha venido complementada con estrategias pedagógicas y normativas como el programa de cultura ciudadana y el recientemente aprobado código de policía, que busca reglamentar sus modos de uso y proponerse no tanto como una legislación de carácter estrictamente normativo, sino también como un amplio sistema de reglas diseñadas para facilitar la convivencia de los ciudadanos en el espacio público [1].
Este énfasis en el espacio público por parte de las instituciones distritales se inicia a partir de 1988, año en que los alcaldes comienzan a ser elegidos por votación ciudadana, y toma forma gracias a los procesos de descentralización que se implementaron con la reforma constitucional del 91: las funciones de regulación, recuperación y adecuación del espacio público dejaron de depender del gobierno central y pasaron a ser responsabilidad de los alcaldes y las instituciones que se crearon para el efecto.
A diferencia de las administraciones anteriores –cuyos alcaldes eran designados por el Presidente de la República- que lograban buena parte de su reconocimiento por la construcción de puentes y avenidas, en la última década el proceso de recuperación del espacio público no sólo ha pasado a un primer plano, sino que se ha convertido en símbolo de la capacidad del alcalde para gobernar y establecer el orden en la ciudad.
Así como la implementación del sistema de Transmilenio ha venido acompañada de críticas por quienes no creen que el sistema sea la solución al problema del transporte en la ciudad, y paros por parte del tradicional y cuestionado sistema de transporte de Bogotá, la recuperación del espacio público ha tenido como uno de sus principales problemas el de la reubicación y reorganización de la gran cantidad de vendedores ambulantes que se ganan la vida en las calles y andenes de la ciudad.
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